Buenos Aires, 14 de Diciembre de
2013.-
Dra Gils Carbó
Los funcionarios judiciales poseen las
facultades, los recursos y la tecnología de avanzada a su disposición, para
desentrañar la verdad de los hechos sometidos a su conocimiento. Probados, deben
aplicarles las sanciones previstas por las leyes en igualdad. Es decir a una
persona del pueblo, en las mismas condiciones que a los poderosos.
La Procuradora General de la Nación parece
empeñada en obstaculizar el ejercicio de tal deber derecho por el fiscal
Campagnoli; ahora los medios manifiestan que va por su par, el Dr. Marijuan.
¿Será que teme que si cumplen su función legal, queden
acreditados los ilícitos que originaron los bolsos de dinero “K”, y/o los
vínculos del narcotráfico con el gobierno, algunos jueces y fuerzas de
seguridad, sobre los que advirtieron la Iglesia Católica y la Conferencia
Episcopal?
