Buenos Aires, 03 de Septiembre de 2014
EFEDRINA, JUECES Y AMENAZAS
El 19 de Julio los periódicos
informaron que funcionarios del Sedronar, habían sido procesados por importar
efedrina alegando en la aduana uso medicinal, para luego venderla a carteles
mexicanos de la droga. Igual que en el caso de Boudou y Ciccone, es difícil
concebir que no hubiera visto bueno del gobierno. Tampoco cuesta imaginar que la
competencia por ser receptores del producto, fuera causa de conflictos y muertes
en el país, que nunca fueron debidamente investigadas, ni menos esclarecidas.
Luego una magistrada allanó una
telefónica por la sospecha de haberse borrado llamadas entre los narcos, y la
casa de gobierno, que se niega a dar información.
El 30 de Agosto, la Jueza Servini de
Cubría manifestó que: “El narcotráfico tiene que tener un apoyo de adentro, y
también de alguna fuerza de seguridad. Es muy difícil investigar porque hay
presiones de todos lados. Hay amenazas, los abogados se enloquecen”.
Pues bien, está claro que hay PRESIONES
Y AMENAZAS. Y no extraña que los abogados enloquezcan, porque si hubieran
participado de homicidios, privaciones ilegítimas de libertad, persecuciones y
armado de causa falsa a testigos, para desaparecerlos o desvalorizar sus
testimonios, con el fin ocultar las actividades ilícitas que se practicaban,
podrían temer se les aplicaran las sanciones legales, de perder la posible
protección política.
La Nación del 3 de Septiembre informa que el Dr Oyarbide
fue acusado por la Cámara Federal por haber
garantizado la impunidad de los recaudadores de la campaña kirchnerista de 2007
cuando no era el juez del caso; sugirió connivencia con los imputados, sospechas
de lavado de dinero, y empresarios farmacéuticos vinculados con la mafia de los
medicamentos, entre los aportantes.
Es más, de haberse investigado
debidamente el enriquecimiento patrimonial presidencial, posiblemente hubieran
aparecido negociaciones incompatibles con la función pública (Báez), pero
también ingresos derivados del narcotráfico (Efedrina).
Y aún falta decir una verdad
insoslayable. Ningún grupo político puede garantizarse impunidad a largo plazo
sin jueces asociados; lo que no impide que existan también magistrados
amenazados, a quienes se les debe garantizar protección y seguridad. Pero “de
quién”, cuando las instituciones estatales podrían estar involucradas…
Alejandra Belmartino -
alexbelmartino@fibertel.com.ar
